Carlo R. Sabariz
Siempre dijo que, como el general Custer, moriría
con las botas puestas, pero los años y las cacerías no pasan en balde, incluso
para el más regio de los mortales. Sí señores, como un eco reverberado de aquel
señor en blanco y negro que nos anunció el deceso del generalísimo, con la
misma solemnidad -y menos lágrimas-, hemos escuchado esta semana: “Españoles,
el rey ha abdicado”.
Dejando a un lado circunstancias y razones
concretas, esta retirada parece una prueba más de que en estos tiempos líquidos
todo es volátil y efímero, los fundamentos sólidos se disuelven, las
instituciones eternas se vuelven terrenales, nada escapa a la jubilación -ni
siquiera el Papa. Con esta renuncia, que es al mismo tiempo una sucesión,
aflora el problema siempre crucial de la legitimidad.
En tiempos antiguos, los monarcas refrendaban su
legitimidad postulándose ante sus súbditos como descendientes de los dioses, o
básicamente a través de la fuerza de las armas. En nuestros tiempos, estas
fuentes de legitimación no han desaparecido ni mucho menos, aunque por fortuna,
en nuestro entorno, la fuente reside en primer término en la ley.
En lo que se refiere a esta cuestión de la
legitimidad, el caso de don Juan Carlos I es peliagudo, y creo que visto con
perspectiva y a pesar de sus últimos tropiezos, es digno de elogio en cuanto a
su capacidad para ganarse la confianza y el apoyo mayoritario de los españoles.
Es peliagudo porque cabe recordar que, más allá de derechos históricos que la
familia Borbón pudiera reivindicar, durante casi cuatro décadas el poder
efectivo estuvo en manos del general Franco, y fue él quien lo eligió como su
legítimo sucesor y le ofreció el marco jurídico para su coronación. Aquí
encontró don Juan Carlos la ley para que los Borbones recuperaran el trono tras
décadas de exilio. Lo cierto es que supo revertir ese marco de legitimidad
jurídica al ceder parte de los poderes heredados y apoyar un proceso
constitucional al que someterse. Es indudable que ha jugado un papel
protagonista en la transición hacia una democracia en este país, y este rol,
junto a su labor como diplomático, le han servido para ganarse la confianza de
la gente, lo que al final viene a sostener o no la legitimidad. Siempre se ha
dicho que los españoles eran más juancarlistas que monárquicos, la
institución no fue puesta en duda ni criticada durante más de tres décadas
porque la familia Borbón vivió un idilio con la sociedad española -una de sus
vías más importantes: las revistas del corazón. Sin embargo, el encanto y la
confianza se han ido quebrando, y ello ha sucedido de forma paralela a la
crisis económica, política y social que sufre España desde el año 2008. Desde
aquel episodio lleno de suficiencia y virilidad del “¡¿Por qué no te callas?!”,
a la imagen abatida de “Lo siento mucho, no volverá a ocurrir”, como el país,
don Juan Carlos no ha dejado de sufrir achaques, físicos y espirituales.
Cuando uno se encuentra mayor y sin fuerzas,
ceder el relevo a alguien más joven que además lleva toda la vida preparándose
para eso, me parece una decisión sensata. Pero en un país que es más emocional
que reflexivo, donde no somos capaces -o no queremos- distinguir abstractamente
la institución de la persona, esta sucesión hace aflorar otra vez de forma
inevitable la cuestión de la legitimidad, en este caso, sobre la figura de don
Felipe.
En cuanto al aspecto jurídico, existe un vacío
total en la Constitución para regular este procedimiento. Pero no pasa nada, la
maquinaria del gobierno se ha puesto en marcha y van a sacar una Ley Orgánica
express. En quince días la tienen preparada. No sabemos si este vacío en la
Constitución responde a la lógica española de funcionar a golpe de mata, o ha
sido una reforma que intencionadamente no se ha querido llevar a cabo. En estos
momentos no hay problema porque PP y PSOE suman el 80% de los parlamentarios,
pero ¿qué podría pasar dentro de 2 ó 6 años si se confirma el avance de los
partidos de izquierda? Esto nos hace pensar que detrás de la sucesión hay
también una razón estratégica, aprovechar que el parlamento es ahora favorable
y evitar así que en tiempos venideros un hipotético reparto de fuerzas -con
mayor peso de los partidos pujantes de izquierda y los partidos nacionalistas-
hiciera inviable su tramitación y por lo tanto su habilitación jurídica, todo
un colapso para la monarquía.
Una vez que a todas luces el príncipe Felipe se
convertirá en Felipe VI y salvará sin problemas este escollo jurídico, le
quedará entonces ganarse la confianza. Que haya repuntado el debate entre
monarquía y república es natural, creo que convocar un referéndum sería una
prueba de salud democrática, y si además Felipe está, como dice, comprometido
con los valores democráticos, debería de aceptar de buen grado este plebiscito
y así, o dejar paso, o asegurarse una legitimidad confiable.
Publicado no Progreso o 7-6-2014
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